Dos policías pertenecientes al Comando Radioeléctrico de la Costa, iban a ser juzgados desde hoy a partir de hoy por ilícitos cometidos en 2017 en la ciudad de Rincón. Sin embargo, al momento dar inicio al debate se suspendió debido a que Sebastián Oroño, abogado defensor de uno de los acusado presentó un pedido de recusación contra la jueza Susana Luna que iba a presidir el Tribunal.
El argumento sería que la magistrada participó en otras causas relacionadas, Si bien la Dra. Luna rechazó el escrito, deberá conformarse un nuevo Tribunal para tratar el pedido del abogado defensor.
Los acusados, EMM de 33 años y AAS de 44, se encuentran actualmente están en prisión preventiva. “En noviembre de 2017 se inició una investigación a ocho policías que cumplían funciones en el Comando Radioeléctrico de la Costa”, explicaron los fiscales Hernández y Jiménez. “A partir de la previa distribución y asignación de tareas, los policías investigados vulneraron múltiples derechos constitucionales de gran cantidad de víctimas”, precisaron.
“Entre las víctimas hay mujeres, niños y personas con discapacidad", sostuvieron los funcionarios del MPA y añadieron que "los acusados actuaron con desaprensión hacia la integridad física, la libertad y la propiedad de otras personas, y lo hicieron a través de los conocimientos y de las herramientas de trabajo que le fueron provistas por el Estado”.
Los funcionario judiciales a cargo de la investigación explicaron que “los agentes policiales insertaban declaraciones falsas en las respectivas actas de procedimiento luego de cometer los delitos, con la clara intención de ocultar los ilícitos que habían cometido”.
“Los instrumentos que se falsearon en casi la totalidad de los hechos son actas de procedimientos, es decir, documentos que tenían como fin anoticiar a la Justicia Penal de la probable comisión de hecho ilícitos” añadieron Hernández y Jimenez.
Al imputado de iniciales EMM se le atribuyó la coautoría de severidades (cuatro hechos); vejaciones (dos hechos); apremios ilegales; amenazas coactivas (cinco hechos); allanamiento ilegal (nueve hechos); falsedad ideológica en instrumento público (siete hechos); robo calificado (dos hechos). También se le imputó la autoría de comisión por omisión de tortura de funcionario competente ajeno al delito y omisión de denuncia calificada (por ser funcionario público en ejercicio de sus funciones).
Por su parte, los delitos endilgados a AAS son la coautoría de torturas; severidades (siete hechos); vejaciones (cuatro hechos); amenazas coactivas (seis hechos); apremios ilegales; allanamiento ilegal (doce hechos); falsedad ideológica en instrumento público (nueve hechos); robo calificado (tres hechos); hurto calificado; privación ilegítima de la libertad por abuso funcional (cuatro hechos) y lesiones leves.
En el marco de la misma investigación, ya fueron condenadas otras cinco personas. Una de ellas es la subcomisaria Nadia Lucrecia Soperez de 38 años. Se le impuso una pena de ocho años y seis meses de prisión por delitos que cometió mientras se desempeñaba como subjefa del Comando Radioeléctrico de la Costa.
La condena impuesta a Soperez es por la coautoría de los delitos de tortura; apremios ilegales; vejaciones; severidades; privación ilegítima de la libertad; amenazas coactivas; falsedad ideológica en instrumento público agravado (por ser ejecutado por funcionario público con abuso de sus funciones); allanamiento ilegal; robo calificado y hurto calificado (por ser en poblado y en banda y por ser ejecutado por personal policial). La pena también se le impuso por la autoría de los delitos de abuso de armas, violación de secreto y amenazas coactivas; y por su participación necesaria en el delito de robo calificado (por ser cometido por personal policial).
“La condenada aceptó su culpabilidad. También manifestó su conformidad con los hechos ilícitos atribuidos, la calificación legal de todos ellos, la pena que solicitamos –en cuanto a su monto y en cuanto a su modo de ejecución–, y el procedimiento abreviado elegido”, destacaron los fiscales. Asimismo, remarcaron que “fue el primer caso en el que un policía fue condenado por el delito de torturas en el ámbito de la justicia provincial”.
Los otros cuatro condenados son Juan Emilio Torres, Claudio Cerf, Gabriela Cerf y Carlos Javier Núñez.
Claudio y Gabriela Cerf fueron condenados –cada uno de ellos– a tres años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y para tener o portar armas de todo tipo.
Por su parte, a Torres se le impuso una pena de cinco años de prisión domiciliaria mientras que Núñez fue condenado a ocho años de prisión en la misma modalidad e inhabilitación absoluta perpetua.
En tanto, hay otro policía investigado cuyas iniciales son LEG. “En relación a este policía hoy se realizó la audiencia de juicio abreviado”, indicaron los fiscales y agregaron que "la jueza Sandra Valenti dictó la admisibilidad y estamos aguardando la notificación de la condena".
Agenda
De acuerdo con lo programado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), las partes harán sus alegatos de apertura y después declararán testigos en una jornada que se prolongará hasta las 19:00. Las declaraciones testimoniales continuarán durante toda esta semana y hasta el viernes 12 de febrero. Por su parte, los alegatos de clausura se realizarán el jueves 18 de febrero a la mañana. Finalmente, la lectura de la sentencia está prevista para el lunes 22 a las 8:30.
