En el marco de la primera sesión extraordinaria especial, el Senado santafesino giró a las comisiones de Juicio Político y de Asuntos Constitucionales el pedido de desafuero del peronista Armando Traferri, bajo la lupa en la investigación del juego ilegal, quien ayer aprovechó para volver a fustigar al ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, por una supuesta operación de inteligencia en su contra. Activado el trámite parlamentario, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra llevaron sus pruebas contra el legislador a la Cámara alta, donde exponen durante el mediodía.
El Senado formalizó —hubo ásperas discusiones previas— el llamado a sesión tras varias horas de incertidumbre por la crisis política que detonó la difusión de las acusaciones del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, detenido por el cobro de coimas al juego clandestino, contra el jefe de la bancada del PJ y el consiguiente pedido para despojarlo de sus fueros.
La sesión mixta (presencial y en modo remoto) arrancó sobre las 16.30 y la Cámara alta resolvió enviar a Asuntos Constitucionales y Juicio Político el pedido de desafuero de Traferri —presente en el recinto de sesiones—, que el martes pasado ingresaron los fiscales rosarinos. Un escándalo que, además de tener al legislador sanlorencino en la picota, terminó dividiendo en tres al bloque oficialista del Senado.
En ese contexto, Traferri oficializó su renuncia a la presidencia de la comisión de Juicio Político, cuerpo que deberá analizar el pedido de los fiscales, y reforzó la embestida a Sain, a quien había ligado a operaciones de inteligencia y “carpetazos” en su contra.
“Lo hago responsable (al funcionario) de todo lo que me ocurra , como también a mi familia y allegados”, aseveró el legislador. Y anunció la remisión a las autoridades de las Cámaras alta y baja, como también a la Corte Suprema de Justicia, de una nota dando cuenta de esa situación.
Un día antes, Sain había intimado a Traferri —por carta documento— a que en un plazo de 72 horas aportara las pruebas que sustentan la acusación en su contra.
Desde su banca, el senador peronista Marcelo Lewandowski solicitó que la comisiones de Juicio Político y de Asuntos Constitucionales también convocaran a Edery y Schiappa Pietra para que expongan las pruebas que pesan sobre Traferri y, de ese modo, evitar un “juzgamiento mediático” del legislador.
“Instalaron una situación mediática en la que se está culpando o dando cosas como ciertas. El pedido es para que los fiscales vengan a explicar y, si hay pruebas contundentes, las presenten”, subrayó. Asimismo, aludió a la transversalidad política que surca el caso.
Por su parte, el radical Felipe Michlig (habló en nombre de los siete senadores del Frente Progresista, FPCyS) solicitó que las comisiones que analizarán el pedido de desafuero de Traferri se reúnan de modo conjunto para darle mayor celeridad al trámite.
“No creemos ni avalamos la condena social sin el debido proceso ni la posibilidad de que cada ciudadano, en este caso un dirigente de dilatada trayectoria, lo pueda hacer en los estamentos que corresponda”, enfatizó Michlig.
Cartas cruzadas
Pero el duelo Traferri-Sain incluyó una carta documento del senador en respuesta a la enviada previamente por el ministro.
“Cumpliendo con el juramento que realizó al asumir sus funciones, debe conocer, respetar y aplicar las normas de la Constitución de Santa Fe y no alzarse contra ellas. Su tendencia irrefrenable al exabrupto, con el consecuente desvío funcional, lo desubica y provoca estas inexplicables actitudes”, manifestó el legislador en el texto.
Traferri también le reclamó al jefe de Seguridad: “No me moleste. Cumplo con mis funciones de senador y mis acciones y declaraciones se conforman a mis obligaciones como legislador. El articulo N° 51 de la Constitución santafesina crea un statu de indemnidad propio de la función. Por lo tanto, remítase al cumplimiento de la ley y ubíquese en su rol”.
En suspenso
Paralelamente, el ex jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal iba a ser reimputado hoy por asociación ilícita, pero la audiencia fue suspendida por el desembarco de Edery y Schiappa Pietra en el Senado.
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La audiencia suspendida tiene un valor agregado: durante la misma se desplegaría la evidencia que pesa contra Traferri, quien para los fiscales es, junto a Serjal, organizador presunto del juego clandestino. Más temprano debía ser imputado del mismo rol el empresario Leonardo Peiti.
Fuente: La Capital
