El Ministerio de Economía consiguió canjear casi un 70% de los vencimientos de deuda en pesos del primer trimestre y así despejó buena parte de las obligaciones de pago para el primer tramo del 2023. El canje de deuda en moneda local que llevó adelante la Secretaría de Finanzas extendió los plazos para su cancelación hasta un período que va desde abril hasta febrero de 2024.
El Palacio de Hacienda realizó en el primer día de operaciones normales en el mercado tras el feriado de este lunes en los Estados Unidos su primera conversión de títulos públicos en pesos, algo que tiene en sus planes repetir de manera periódica para descomprimir la onerosa cuenta de vencimientos que operan en la hoja de ruta financiera hasta antes de la celebración de las elecciones primarias, que suma más de 10 billones de pesos.
En este caso, la Secretaría de Finanzas llevó adelante un primer canje sobre 4,3 billones de pesos cuyo pago caía entre enero y marzo. Entre un 50 y 60 por ciento de la tenencia de esos títulos públicos correspondía a entidades del sector público, por lo que hubo una base de aceptación de la operación que ya se daba por descontada.
Por eso, para reforzar la participación del sector público en la conversión, el equipo económico puso sobre la mesa una oferta de bonos y letras con distintos plazos de vencimientos y coberturas contra aceleración inflacionaria y contra movimientos del tipo de cambio. Un título en particular extendió la fecha de pago hasta febrero de 2024, aunque en el Ministerio de Economía aseguraron que buscaron que ese cupo fuera cubierto por tenedores públicos. En el Palacio de Hacienda consideraron “muy bueno” el resultado de la conversión.
Según aseguraron a fuentes oficiales, al canje ingresaron los tenedores de cerca del 70% del total incluido en la operación. De esta manera, la cuenta de vencimientos para los primeros tres meses del año fueron reducidos desde de 4,3 billones acumulados a marzo (1,1 billones en enero, 1,2 billones en febrero y 2 billones más en marzo) hasta $390.000 millones, $420.000 millones y $600.000 millones, respectivamente, lo que da una cuenta final de 1,4 billones de pesos.
En los planes del Ministerio de Economía aparece ahora la idea de repetir este tipo de canjes a lo largo del 2023, que podrían repetirse de manera trimestral. La secretaría de Finanzas acudió a lo largo de los últimos meses a un menú de bonos y letras con tasas positivas respecto a la inflación y con distintos formatos, desde títulos atados a la evolución del tipo de cambio para ofrecer cobertura a los inversores, hasta indexados a la inflación y otros a tasa fija.
En la segunda mitad del 2022 la Secretaría de Finanzas ya había echado mano dos veces a este recurso. En una primera instancia, en agosto, tuvo un porcentaje de aceptación de 85%, mientras que en noviembre fue menor, de un 60 por ciento.
Pero no sólo la refinanciación será un desafío ya que, de acuerdo a las proyecciones realizadas por el FMI, el Gobierno deberá ampliar su margen de financiamiento en el mercado para atender las necesidades financieras de 2023, siempre en el marco del cumplimiento de las metas fiscales y monetarias. Según la estimación del organismo, eso debería ocurrir en una magnitud equivalente al 3% del PBI.
El pico de vencimientos para 2023 tendría lugar en julio, con un equivalente en dólares de USD 1.600 millones, aunque la mayor parte corresponde a tenedores del sector privado. Ya desde enero, febrero y marzo esas “torres” se elevan en un rango de entre USD 1.000 y USD 1.200 millones cada mes. En términos generales, el 60% de las obligaciones de pago corresponden a acreedores del propio sector público, proyectó el FMI.
