Tras el arresto el pasado sábado de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y dos de sus ministros, las tensiones políticas en este país volvieron a reavivarse.
"No fue golpe. Fue fraude", se leía en pancartas de manifestantes que con la pandemia como telón de fondo asistieron a marchas, plantones ante oficinas de la fiscalía y concentraciones pacíficas en plazas en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Sucre. Trinidad y Santa Cruz.
Evo Morales, por su parte, pidió que “se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura” mientras que la expresidenta interina denunció en las redes sociales "un acto de abuso y persecución política" lo que generó una serie de reacciones en las altas esferas del país.
“Jeanine [Áñez ] no solo tenía este reconocimiento institucional interno de órganos controlados por el MAS, sino que tuvo reconocimiento internacional de la Unión Europea, de la OEA, de Naciones Unidas, de China, de Rusia, y de toda América Latina, con un par de excepciones”, dice a RFI el expresidente boliviano Jorge “Tuto” Quiroga quien denuncia el arresto de Añez y tacha de cómplice, en esta interpelación, al actual jefe de estado Luis Arce. “¿Cómo pueden pretender que eso no existió? Lo que sucedió es una sucesión constitucional y luego hubo una convocatoria democrática electoral, aceptada interna y externamente, [que dio como resultado] la presidencia de Luis Arce, que termina siendo el beneficiario de esto y que hoy es presidente gracias a esa sucesión. Luis Arce se está disparando al pie o se está haciendo daño a sí mismo, se está auto castigando, al permitir que su gobierno, sus ministros, dirijan esta cacería y revancha porque está poniendo en cuestión su misma legitimidad. La conclusión lógica de esta tesis descabellada de golpe sería que le devuelvan la presidencia a Evo Morales. Si Luis Arce quiere hacer eso, que nos avise”.
En Santa Cruz, capital económica de Bolivia y bastión de la oposición, la concentración convocó unas 40.000 personas en la plaza Cristo Redentor, emblemático lugar de reuniones públicas de la derecha, según estimaciones de autoridades locales.
La oposición de derecha y centro considera que la justicia se ha supeditado al gobierno de Arce, delfín de Morales. Áñez, de 53 años, fue encarcelada en una prisión de La Paz. Se le dictó prisión preventiva por cuatro meses.
“Lo que precipita [el arresto de Áñez] son dos elementos”, dice Quiroga. “El primero es la debacle electoral del Movimiento al Socialismo, que ha perdido Santa Cruz y también la alcaldía de la ciudad de la Paz. En Cochabamba también tiene una serie de resultados adversos. Y segundo, cambiar la realidad y la historia que hemos vivido con una tramoya, con una fábula inventada. Estos dos elementos es lo que lleva, después de las elecciones del domingo 7 de marzo, a impulsar el juicio donde no estaba la señora Áñez y violando todos los procedimiento legales”.
El Viceministro de Justicia, César Siles, informó que el Gobierno de Luis Arce invitó a la comunidad internacional venir a Bolivia para “comprobar si se están vulnerando derechos” luego de que Naciones Unidas, la Unión Europea y el Gobierno de los Estados Unidos instasen al cumplimiento del debido proceso para los detenidos y el respeto a sus derechos humanos en juicios imparciales.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que "el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo" y pidió la liberación de los detenidos.
Morales, desde Twitter, le respondió a Almagro y dijo que "él también debería ser juzgado por propiciar el golpe de Estado y por crímenes de lesa humanidad".
Un informe de la OEA encontró irregularidades en los comicios de 2019, que Morales rechazó.
Fuente: RFI
