Ayer comenzó el tratamiento de teletrabajo en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Hasta el momento se presentaron 14 proyectos y en la Comisión de Legislación de Trabajo esperan conseguir un dictamen en consenso con la firma de todos los bloques.
Actualmente, según un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), tanto por el aparato productivo nacional, que “se encuentra rezagado en términos tecnológicos”, como por la transformación digital en los hogares, “también rezagada”, no todos los empleos pueden realizarse con esta modalidad. El problema, aclara el informe, no es solo tecnológico, ya que aun si se lograra asegurar la infraestructura, su potencial es muy limitado: “Abarca poco más de un cuarto de las y los trabajadores y, aun con una fuerte reasignación de tareas, un 40% de los trabajos no tienen ninguna posibilidad de realizarse en forma virtual”.
Sin embargo, en los últimos tres meses, la expansión del home office en ese 60% de empleos que sí pueden realizarse a distancia ha despertado una gran preocupación entre las organizaciones sindicales.
Más allá de las distintas posturas a favor y en contra del teletrabajo post-pandemia, las experiencias de precarización laboral que se acumularon desde el comienzo de la cuarentena han alertado a legisladoras y legisladores sobre la necesidad de regularlo, ya que si bien le corresponde la aplicación de la ley de Contrato de Trabajo, hay cuestiones específicas de la modalidad que necesitan ser atendidas.
En dialogo con Veo Noticias, el abogado laboralista Diego Guirado, dijo que "es una grata novedad porque era algo que se hablaba mucho, sobre todo en los ámbitos académicos, pero tenía poca inserción en cuanto a la realidad. Esto requiere de trabajadores especializados, de acceso a la tecnología, a internet o a determinadas condiciones y fue una medida paliativa, de urgencia".
Además, el profesional explicó que en caso de ocurrir un accidente laboral, puede producirse un debate entre el derecho de las ART de realizar las inspecciones necesarias en el lugar donde ocurrió y el derecho a la intimidad del trabajador debido a que el establecimiento de trabajo es su propia casa. "Hay posturas más extremas que están en contra y dicen esto es una invasión a la privacidad inaudita y totalmente perjudicial".
