Hay polémica y rechazo entre las empresas privadas del el sector de la construcción. Están en desacuerdo con el decreto 728/22 que firmó el presidente Alberto Fernández y que beneficia de manera directa a cooperativas de trabajo, que dependen de los movimientos sociales oficialistas, al otorgarles el 30% “de toda la Obra Pública Nacional que no supere los $ 300 millones”.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) por expreso mandato de su Consejo Federal, advirtieron que las Pymes constructoras están en peligro de extinción por competencia desleal de cooperativas informales en la obra pública y a través de un comunicado rechazaron enfáticamente los aspectos del Decreto 728/22, “que otorgan una reserva de mercado de la obra pública a favor de Cooperativas de Trabajo, que en la práctica son informales”.
Competencia desleal
Según el comunicado de la Camarco, “la consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas Pymes constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores”.
Gustavo Weiss, presidente de la CAMARCO, dijo “estamos muy sorprendidos. Nos parece gravísimo que no nos hayan consultado en nada antes de tomar esta medida. Y hemos solicitado entre ayer y hoy reuniones urgentes con funcionarios del Gobierno nacional para que nos reciban y nos expliquen sobre este decreto”.
Según trascendió la intención es poder llegar incluso a hablar con el ministro de Economía Sergio Massa.
Desde la cámara comparten la necesidad de la transición de los planes sociales a programas de empleo pero sostiene que es un error entender que la apertura de la competencia a organizaciones sociales o Cooperativas de Trabajo no formales contribuye a una ampliación, integra y transparente, de la concurrencia al mercado de la obra pública”, sostuvieron desde la entidad.
Fuente: Infobae
