Que los imputados en una causa por estafa y malversación vuelvan a trabajar “como si nada” con los estafados y perjudicados puede sonar a increíble, sin embargo, es lo que ocurrió en el Hospital Iturraspe, tras lo cual se generó un verdadero revuelo con indignación mayúscula de parte de los empleados del efector, especialmente aquellos que figuran como perjudicados.
Son maniobras fraudulentas que irían desde enero de 2020 hasta octubre de 2023 y consistieron en desviar y malversar el reparto de un denominado Fondo del 30% que el personal del nosocomio cobra al dividir la recaudación que surge de los servicios brindados en el efector a usuarios de obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, seguros de accidentes, medicina laboral y otras entidades similares.
Durante años, el principal investigado como autor de los ilícitos remitió al Consejo de Administración el detalle de las liquidaciones con información verídica acerca de cuánto dinero le correspondía a cada uno de los empleados activos del hospital y luego tergiversó las listas al contactarse con la entidad bancaria mediante la cual se realizan los pagos.
El responsable de enviar el archivo al banco para materializar las transferencias alternaba datos tales como montos dinerarios, números de cuenta bancaria, números de DNI y nombres originariamente consignados, en función de ello se concretaban transferencias a personas que no debían recibirlas y por montos que no eran los previamente informados y aprobados entre quienes figuraban ex empleados, personal jubilado y hasta fallecidos.
El fraude fue por un total de 38.337.865 de pesos –monto que, actualizado por inflación, asciende a 100 millones de pesos–, contemplando las cifras recibidas por el Fondo del 30% en cuentas de las que son titulares los investigados como autor y partícipes necesarios de las conductas delictivas.
Este viernes, cinco de los imputados en la estafa se presentaron a fichar y trabajar en el hospital, ya que eran empleados allí.
Al respecto, la Dra. Angie Carpineta, médica de terapia intensiva, expresó que “lo que ocurrió es que se presentaron cinco imputados por la malversación de fondos de nuestro nosocomio, se ve que fue una estrategia de sus abogados. Son familia y fue una maniobra de provocación total hacia el personal. Estamos indignados, tenían suspensión por 90 días y los hicieron venir a fichar y ponerse en sus ex puestos de trabajo” y agregó que “desde el Consejo de Administración los invitaron a irse porque provocó malestar entre los empleados que fueron malversados hace mucho tiempo, de 2020 a 2023”.
Más adelante, la facultativa contó que “son pacientes que se atendieron con obra social, un 30% de eso vuelve a los empleados, y ese 30 no se repartía como correspondía. Había transferencias indebidas, y los montos tampoco encajaban. Había cuentas de gente fallecida, con depósitos a gente fantasma, 308 personas de las cuales tenían nombre y apellido pero el cbu era de estos 14 imputados. Que se haga justicia queremos”.
En tanto, Daniela González manifestó que “fue la sorpresa de todos los compañeros cuando vieron en el reloj de fichado que cinco de los imputados se presentaban a trabajar. No sabemos en qué condición vinieron. Acá la falla es de la ministra de salud porque la suspensión de ellos terminó y como no se resolvió nada, los abogados asesoraron para que vinieran”.
Sobre la causa, González aportó como dato que “el dinero terminaba en un casino clandestino y en cuentas personales de ellos. En vez de distribuir, se apropiaban la plata. Al dividir por más personas, ya que había 500 inventadas, nos quedaba menos y ellos se llevaban la mayoría”.
Finalmente, la mujer concluyó en que “ahora hay todo un sistema para controlar. Al ser un hospital descentralizado y de cobrarle a la obra social, ese dinero entra como recupero y se distribuye un 65% para el hospital, un 30% para personal y un 5% para capacitación y medicamentos del personal. A la comunidad nunca le cobramos, eso es convenio con las obras sociales”.
