La defensa del ex agente de la AFI, Jorge "el Turco" Saez denunció este lunes gravísimas irregularidades cometidas por el juez de Lomas de Zamora Federico Villena, y requirió que se ordenen medidas para conocer todo el funcionamiento del organismo desde 2015 a 2019. Solicitó que se convoque a la actual titular Cristina Caamaño a prestar declaración testimonial.
En un escrito presentado ante la fiscal Cecilia Incardona, según el defensor "se conocen los extremos que salen a la superficie, pero no los intermedios que hoy están ocultos".
Hoy la fiscal pidió al juez Juan Pablo Augé la indagatoria de la cúpula de la AFI macrista, de Gustavo Arribas y de quien fue su segunda, Silvia Majdalani.
El letrado de Saez denunció que la actuación de Villena está viciada porque el trámite que le imprimió a la causa es "ilegal" y "antireglamentario". Si bien no pidió la nulidad del caso, coincidió con otras defensas al cuestionar las detenciones e indagatorias. Saez está hoy detenido pero con domiciliaria.
Alegó en ese sentido que el juez Villena violó además todas las normas de aislamiento. "El pico de la gravedad lo vivimos nosotros, como defensores, en la jornada del 2 de julio del corriente donde vivimos más de trece horas en la sede del juzgado a cargo del doctor Villena en una situación de hacinamiento inexcusable, inaceptable, peligrosísima y contraria a la realidad que vive el país", determinó.
En el escrito presentado, la defensa de Saez pidió que se ordenen medidas para conocer "cómo funcionó la AFI durante el período comprendido entre los años 2015-2019 en la realización de tareas de inteligencia y/o contraespionaje".
"En tal sentido, se impone conocer qué reglas, protocolos de actuación, normas administrativas y/o reglamentarias debían cumplirse; quién o quiénes autorizaban o debían autorizar la realización de tareas de inteligencia; quién o quiénes eran los responsables de fiscalizar el cumplimiento", requirió.
"Es imprescindible conocer cómo funcionó TODA la AFI (y no sólo un limitado sector de contraespionaje) durante el período comprendido entre 2015-2019, con todo lo que ello supone. Hay mucho que necesita saberse si se quiere llegar a la verdad que, es el objetivo necesario, final y elevado de todo proceso penal. Porque no se sabe cómo se procesaban tareas, cómo se documentaban, cómo cuándo y quiénes procesaban información, quién o quiénes impartían órdenes, quién, quiénes y para qué designaban funcionarios", convino.
“Hoy, a la vista de la superficial investigación del juez Villena, parece que había sólo una veintena de personas que decían cosas grandilocuentes por un chat y eso parece una novela barata policial”, agregó el abogado.
Sostuvo el letrado que "se conoce sólo la punta del iceberg: hace falta de hacer el origen, el contexto, la dirección del marco de esas presuntas tareas, y el conocimiento por parte de funcionarios. No puede quedar todo en un chat".
Pidió además la digitalización de todo el expediente. Cuestionó en cierto modo el sistema de las fiscalías.
"Es oportuno hacer notar que el Ministerio Público Fiscal no digitaliza su labor de forma tal que las partes podamos tener acceso a las actuaciones a diferencia de lo que acontece en el caso del Poder Judicial de la Nación", señaló.
Fuente: Minuto Uno
