En un clima caliente por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la movida del peronismo por echar de la Cámara de Diputados de la provincia a Amalia Granata -quien dijo que se trató de una “pantomima” para que la vicepresidenta “suba en las encuestas”- viene fría.
Tras el intento de magnicidio contra la titular del Senado, legisladores de todos los bloques se reunieron ayer al mediodía en la Cámara baja provincial. Después del encuentro firmaron un comunicado en el que expresaron su “más enérgico repudio y profunda preocupación” por el incidente, señalaron “la necesidad de esclarecimiento del hecho” y reafirmaron “su compromiso con el diálogo, la convivencia política, la paz y la democracia”.
También compartieron una foto en señal de unidad ante una situación que, advierten, “recuerda los tiempos más oscuros” de la Argentina. Aunque no formaron parte de la declaración, las polémicas palabras de Granata en redes sociales sí estuvieron en la mesa de discusión.
“Con sus dichos Granata incurre en una conducta antidemocrática. Banaliza un intento de magnicidio e incita al odio y la violencia. Sus manifestaciones se dan de frente con los principios republicanos”, dijo a La Capital Leandro Busatto. El jefe del bloque del PJ es uno de los impulsores del procedimiento para excluir a la diputada celeste de su banca, un trámite para el que, al menos hoy, no cuentan con los votos.
La Constitución santafesina establece en su artículo 50 que “cada Cámara puede, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, corregir a cualquiera de éstos, y aun excluirlo de su seno, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”.
Con sólo ocho bancas sobre 50, el peronismo podría sumar a Ciudad Futura y a otros legisladores celestes que acumulan varias facturas pendientes contra Granata.
Sin embargo, los viejos compañeros de lista de la panelista sólo acompañarían si los bloques más numerosos, el del Frente Progresista y el radicalismo, dan luz verde. Una situación que parece lejana.
En contacto con la prensa fuera de la Legislatura, el jefe del bloque UCR-Evolución, Maximiliano Pullaro, dijo que el mensaje de Granata “es un error”, pero agregó: “También entiendo que es un error hablar en este momento de una cuestión de privilegio para sacarla de la Cámara”.
“Está claro que las expresiones de Granata en Twitter son repudiables, de eso no hay duda. Hoy teníamos que unir a toda la representación política en repudio al intento de magnicidio de Cristina, la presentación del PJ tiene que ser analizada por los carriles institucionales que corresponden”, dijo a este diario el presidente de la bancada socialista, Joaquín Blanco.
En la próxima sesión, que podría ser el jueves, la Cámara le dará ingreso formal al pedido y lo girará a la comisión de Asuntos Constitucionales, dominada por la oposición.
Presidido por Blanco, el cuerpo legislativo está integrado también por los radicales Pullaro y Marlén Espíndola, los peronistas Busatto y Luis Rubeo, Alejandro Boscarol (UCR-Juntos por el Cambio), Gisel Mahmud (PS), Gabriel Real (PDP) y el javkinista Ariel Bermúdez.
En los pasillos de la Legislatura reconocieron que se trata de un tema delicado, que toca nervios sensibles del sistema institucional. “No hay un Código en el que estén identificadas cuáles son las faltas. Cualquier proceso de remoción tiene que estar muy bien fundamentado, porque tenemos que respetar la convivencia democrática, pero a la vez la libertad de expresión”, deslizaron.
Por lo pronto, ayer Granata bajó un cambio. “Seré prudente y que se esclarezca el caso y si así pasa porque para mí todo es muy dudoso y dicen que fue un atentado saldré a pedir las disculpas correspondientes. Mientras tanto puedo pensar lo que puse en Twitter”, dijo al diario UNO Santa Fe.
Casos
El antecedente más cercano de un intento para remover a un diputado de su banca se remonta a 2016.
Ese año, Roy López Molina responsabilizó al ex gobernador y entonces presidente de la Cámara, Antonio Bonfatti, y a Pullaro, que era ministro de Seguridad, por avalar “la propuesta del juicio abreviado para los integrantes de la banda Los Monos, en un intento de crear una ficción para no revelar en un juicio a puertas abiertas hechos y situaciones que molestaban al poder político y policial”.
La iniciativa giró a comisión pero no prosperó, y en 2017 López Molina asumió como concejal en Rosario.
Hasta ahora, el único caso de expulsión es el de Rubén Miret. En septiembre de 2001, la Cámara echó por unanimidad al diputado radical, acusado en la Justicia de pedirle dinero a presidentes comunales del departamento General López a cambio de que se construyeran viviendas en sus localidades.
Fuente: LaCapital
