En la sesión conjunta de ambas Cámaras, los senadores y senadora y los diputados y diputadas, por unanimidad y por signos, aprobaron “reanudar el trámite del procedimiento disciplinario iniciado a la fiscal Cristina Ferraro del caso del homicidio de Hugo Oldani” y, por ello, no se trató el dictamen de la comisión de Acuerdos que recomendaba el pedido de remoción y/o destitución, otorgándosele así a la funcionaria judicial la posibilidad de la defensa y, además, profundizar la investigación.
El diputado, Leandro Busatto, explicó que "se suspendió a la fiscal por 150 días y en aquella suspensión se dejó establecido explícitamente que ante la posibilidad que surgieron nuevos elementos procesales que, a juicio de la comisión ameritaran reabrir la investigación, se podía hacer. Después de esa suspensión, apareció la ratificación del procesamiento de la Cámara Federal, el rechazo de Casación por parte del recurso interpuesto por la fiscal y, finalmente, hace muy pocos días, el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Walter Rodríguez para que la causa tramite en la justicia federal.
Esos elementos procesales nuevos para nosotros ameritan reabrir la investigación y, eventualmente, arribar a un nuevo dictamen. Ahora ampliaremos o no la investigación, le daremos el traslado a la fiscal para que ejerza su derecho a defensa y llegaremos a una conclusión que nos permita avanzar en lo que puede ser una remoción, una nueva suspensión, o probablemente, nada.
Nosotros creemos que la gravedad institucional de lo ocurrido amerita a la remoción de la fiscal, independientemente que la cuestión penal de fondo tiene que resolverse".
En tanto, el abogado defensor de la funcionaria, Sebastián Oroño, criticó fuertemente la definición de la Asamblea Legislativa y aseguró que "es una causa política".
"Cuando se cumple la sanción que se había impuesta en su momento, el proceso se terminó, concluyó y ahora se pretende una reapertura de un proceso que está terminado. Lo cual demuestra un desconocimiento cabal del derecho procesal y, sobre todo, del derechos constitucional, por parte de algunos legisladores, debo admitir que el Partido Radical está muy bien parado en la causa, entienden bien la normativa procesal; pero demuestra cierta gravedad en cuanto a que los representantes del pueblo conozcan las básicas de la Constitución Nacional que indica que no se pueden abrir procesos fenecidos y esto es lo que se está pretendiendo en el caso de Cristina.
No tengo dudas, esto es una causa política, y la pregunta es ante el pedido de destitución que se está realizando fervientemente, qué va a pasar si destituyen y luego la absuelven".
