El secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, dijo que los supuestos delitos investigados por la Justicia en la base del Comando Radioeléctrico de Rosario, y que salpicaron al subjefe de la policía provincial Ariel Zancocchia, “no sólo causa un perjuicio a la administración pública, sino también un daño inconmensurable a la imagen de la fuerza de seguridad en general”.
Las presuntas irregularidades se detectaron en febrero de 2020 en el predio del Comando Radioeléctrico en calle Tarragona. Se trata de maniobras que van desde la presunta venta de autopartes hasta el fraude con el mantenimiento de los patrulleros.
La pesquisa que llevan adelante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, derivó ayer en varios allanamientos, uno de los cuales se practicó en la casa del número dos de la policía provincial. Fue entonces en que el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, le solicitó la renuncia al jefe policial.
El titular de la Secretaría de Justicia explicó que se le pidió la renuncia a Zancocchia “porque estaría en principio, en grado de sospecha, involucrado en maniobras ilícitas, que tienen que ver con malversaciones de fondos y fraude a la administración pública por la reparación de móviles policiales". Abundó: "Como hay sospechas de que podría estar involucrado en delitos, el ministro Lagna entendió que no podía contar con un funcionario con ese alto rango policial dentro de la fuerza en esa situación judicial”.
Somagila agregó que separar a ese jefe del cargo también se le deja la posibilidad de que ejerza su defensa. “De todos modos, no se puede tolerar una situación como ésta. Un funcionario que es el segundo jefe de policía investigado no puede formar parte de una institución que debe velar para que los delitos no se produzcan”, remarcó.
El funcionario sostuvo que Zancocchia “tendría relación directa con los episodios que se investigan, que afectan directamente a los bienes que son de la policía, de la cual es el subjefe. Además, este señor formaba parte de una sociedad mercantil, en la cual cuando se le encomendó una función dentro de la fuerza como ser habilitado, quien gerencia los fondos de la fuerza policial, se retiró de la sociedad, pero esa sociedad continuó desarrollando funciones de reparación y de ventas de autopartes”.
“Toda la investigación tiene una secuencia para determinar la autoría de los hechos, para luego pasar a determinar los perjuicios que esos delitos ocasionan. Eso se sabrá en el futuro. Pero el daño no es sólo a la administración pública, sino también a la imagen de la policía que debe dar hacia la sociedad. Ese daño es mayor, inconmensurable, y que este gobierno no está dispuesto a tolerar. Por eso, este trabajo de los fiscales junto con la Agencia de Control Policial, nos habilita para ir apartando a las personas que están vinculadas al delito y que no merecen estar en una fuerza de seguridad, que justamente tiene que combatir la delincuencia”, concluyó.
Fuente: La Capital
