La Defensoría del Pueblo presentó al Poder Ejecutivo algunas recomendaciones del organismo de control y promoción de derechos de infancias y adolescencias.
Por un lado, piden revisar las etapas del proceso administrativo y judicial de aplicación de las Medidas de Protección Excepcional para que se cumplan los plazos legales establecidos en la Ley 12.967. Esto se debe a que la ley estipula un plazo máximo de seis meses para la resolución de la situación de niños bajo medidas excepcionales, pero según un relevamiento, algunos menores pasan hasta 6 años institucionalizados.
Y por otra parte, se solicita incrementar partidas presupuestarias destinadas al alojamiento de niñas, niños y adolescentes con una Medida de Protección Excepcional.
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes realizó un relevamiento de los 90 expedientes que gestiona el organismo. El 70,7% de las situaciones relevadas no se han resuelto dentro de los plazos legales; sólo el 5% han logrado respetar los plazos legales (seis meses).
El 24,3% no se han resuelto al momento de realizar el relevamiento y de aquellas medidas que se han resuelto fuera de los plazos legales se observa que el 32,8% de las mismas se resolvió en un periodo de entre 13 y 18 meses, 21,8% entre 7 y 12 meses y el 18,4% entre 19 y 24 meses.
