La defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido pidió hoy su absolución en el juicio oral por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para Santa Cruz en el que la principal acusada es la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los abogados Maxiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro concluyeron su segunda jornada de alegatos que iniciaron ayer ante el Tribunal Oral Federal 2.
“A las garantías se les hace pagar el costo de la impunidad y de la ineficacia judicial. Las garantías no tienen nada ni nadie que los defiendan. Ellas poseen una sola cosa nada más: jueces. A diferencia de lo que hicieron los fiscales, justicia es respetar la verdad”, dijo Rusconi en el cierre de su alegato.
La defensa planteó una serie de irregularidades que a su criterio cometieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola durante sus alegatos en los que pidieron que De Vido sea a condenado a 10 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta por el caso en el que se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que recibieron las empresas de Báez para Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Para los fiscales Luciani y Mola se montó una estructura criminal para beneficiar al empresario que cobró todas las obras pero la mitad no las terminó.
Junto con la absolución, la defensa solicitó que se levantan todas las medidas cautelares que pesan sobre De Vido. El alegato de la defensa comenzó ayer. “Hemos perdido toda fe en el estado de derecho. No tenemos ninguna expectativa de que el tribunal juzgue y tome nota de las enormes violaciones de las garantías que ocurrieron en el juicio”, planteó ayer Rusconi.
En la audiencia de hoy, el abogado revisó las declaraciones de algunos testigos que desvirtúan la acusación de los fiscales. Repasó lo que dijeron, por ejemplo, los empresarios Ángelo Calcaterra, Juan Chediack, Carlos Wagner. El abogado recordó que ellos marcaron que los anticipos financieros es algo común, como también que los empresarios locales ganen la mayoría de las obras -como fue el caso de Báez- y que es muy habitual que haya redeterminación de precios en las obras.
“Las cámaras estaban prendidas y los fiscales escucharon estos testimonios. ¿Qué van a hacer con esto, no les genera la sensación de que va a haber alguna duda? Vergonzosa fue la falta de objetividad de los fiscales”, criticó Rusconi.
Luego fue el turno de Palmeiro. El abogado apuntó en su primer tramo a la parte normativa del caso. Señaló que De Vido no manejaba el presupuesto de las obras porque quien por ley asigna esos fondos es el Ministerio de Economía que también se encargaba de controlar su uso. Y agregó que el control de las obras corresponde a Vialidad de la provincia. “Y está probado que esos controles se hicieron”, agregó.
La defensa tuvo un párrafo para el “plan limpiar todo” que la Fiscalía planteó como las decisiones que se tomaron los últimos días del gobierno de Cristina Kirchner para pagarle a Báez por todas las obras que tenía. El fiscal señaló que el 23 de noviembre De Vido firmó una resolución por la que se le pagó al empresario 537 millones de pesos. “Esa decisión fue para que ante el cambio de gobierno las obras no se paralicen”, sostuvo el abogado.
Palmeiro también desvinculó a De Vido del control de los funcionarios del Ministerio de Planificación. La dependencia era jerárquica, no funcional. Que la dependencia sea jerárquica es que el involucramiento solo está dada en el caso que exista recurso administrativo. Los saltos argumentales dominan la acusación de los fiscales. No existe ninguna disposición legal que diga que los funcionarios superiores tengan que controlar a sus inferiores. Los funcionarios pueden tener la obligación sobre determinada materia, no de los inferiores. Y eso es materialmente imposible”, señaló.
El juicio continuará el viernes con el alegato de la defensa del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, a cargo del abogado Lucio Simoneti. Será a las 9:30 horas y Simoneti ya adelantó que empezará y culminará en la misma audiencia y lo hará de manera presencial en los tribunales de Comodoro Py.
La de De Vido fue la cuarta defensa en alegar. Todas pidieron la absolución de los acusados. Las anteriores fueron las de Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y las de Mauricio Collareda y Raúl Daruich, ex jefes del distrito 23 de Santa Cruz de Vialidad Nacional. Los acusados son 13 y la expectativa de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso es dar a conocer el veredicto antes de fin de año.
Los fiscales pidieron para Cristina Kirchner 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por asociación ilícita y por administración fraudulenta. Lo mismo requirió para Báez. Y 10 años para De Vido, para el ex secretario de Obras Públicas José López y para el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre las principales imputaciones.
Fuente: Infobae
