Senadores y diputados provinciales trataron este jueves en sesión conjunta, el dictamen de la comisión bicameral de Acuerdos que promovió la destitución -e inhabilitación por diez años- del director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marcelo Sain, por protagonizar actividad proselitista incompatible con el cargo que ostenta el ex jefe de Seguridad de Santa Fe.
Desde el bloque justicialista emitieron un comunicado donde advierten sobre la gravedad del hecho y ponen en tele de juicio la decisión. "Entendemos que tal determinación no sólo pone de manifiesto la intención de un poder, en este caso el Legislativo, de avanzar sobre los límites de otro poder, el Judicial, sino que además le ocasionará a la provincia graves perjuicios económicos", reza parte del comunicado emitido y que lleva las firmas de los diputados Leandro Busatto, Matilde Bruera, Lucila De Ponti y Ricardo Olivera, y los senadores Ricardo Kaufmann, Cristina Berra, Marcos Castello, Marcelo Lewandoski, Alcides Calvo y Eduardo Rosconi.
La diputada provincial Matilde Bruera dialogó con Veo Noticias sobre la oposición del bloque a la destitución: "Planteamos que la ley por la cual se llega a esto es una ley inconstitucional, la tristemente célebre ley anti Sain, hecha exclusivamente para echarlo".
"Planteamos la violación de todas las garantías constitucionales en el proceso. No se preservó ni la imparcialidad, ni la objetividad, ni el derecho de defensa. Cuando Sain fue a alegar fue interrumpido y acusado de mentiroso en más de una oportunidad. Los mismos que acusaron, votaron la decisión. Se violaron todas las garantías constitucionales", añadió.
Por lo tanto, Bruera sostuvo que será considerado un "procedimiento nulo" y "la provincia deberá pagar una indemnización muy alta" cuando llegue a la Justicia el caso.
Por otra parte, Leandro Busatto hizo una moción de orden para que se suspendiera esta sesión por la inconstitucionalidad de esta ley, según comentó Bruera. "No se podía hacer esta sesión. Había que tomar un cuarto intermedio hasta que la Justicia resolviera", señaló
"Hay animosidad. Nosotros hemos dicho que esto es una persecución política por las investigaciones que ha llevado a cabo Marcelo Sain en esta provincia donde ha puesto en evidencia el vínculo del crimen organizado con algunos sectores del Poder Judicial y del poder político", concluyó.
El comunicado completo:
En el día de hoy, teniendo en cuenta que la medida cautelar presentada por el Dr. Marcelo Sain aún no se resolvió, entendemos que no se podía avanzar sobre el orden del día de la Sesión Conjunta. Ante esa situación, el jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Leandro Busatto, solicitó un cuarto intermedio hasta tanto la justicia laboral se expida, garantizando así el debido proceso, la división de poderes y el respeto a las instituciones.
Sin embargo, distintos sectores políticos decidieron avanzar en la destitución. Entendemos que tal determinación no sólo pone de manifiesto la intención de un poder, en este caso el Legislativo, de avanzar sobre los límites de otro poder, el Judicial, sino que además le ocasionará a la provincia graves perjuicios económicos, ante el derecho que le asiste a cualquier ciudadano de recurrir una decisión, que a todas luces se toma ignorando la ley, ante tribunales superiores.
Entendemos que la ley Nº 14.016 constituye un claro ejemplo de “desviación de poder”, ya que su única finalidad fue remover al Director del Organismo de Investigación. Desvirtúa la labor legislativa al utilizar su potestad constitucional de dictar normas de carácter general sólo para afectar a una persona. Por otra parte, la acusación que se hace sobre él, suponiendo que efectivamente haya ocurrido el ejercicio de “actividad política” por la publicación de algunos tuits, no puede de ningún modo implicar la máxima sanción que prevé el ordenamiento jurídico: la remoción del Organismo e inhabilitación para acceder al Ministerio Público de la Acusación durante diez años. La falta de razonabilidad de la pena es evidente.
