Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio acusó por el delito de “encubrimiento agravado” e “incumplimiento de deberes de funcionarios público” al presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, y su vicepresidente Luna Montes por pedir la absolución de Cristina Kirchner en el juicio que investiga una asociación ilícita para defraudar al Estado en las obras públicas que de 2003 a 2015 recibió el empresario Lázaro Báez, también conocida como la causa “Vialidad”.
La denuncia fue impulsada por los legisladores Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Ricardo López Murphy, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Mariana Stilman. La mayoría son dirigentes de la Coalición Cívica-ARI, que conduce su fundadora Elisa Carrió.
Según los referentes de la bancada opositora, la UIF —con su decisión de desistir de la acusación hacia Cristina Kirchner— “actuó en flagrante violación a los principios de prevención y lucha contra la corrupción” con la única finalidad de “beneficiar” a la vicepresidenta.
La acusación, que recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Corrección N°6, sostiene que en la causa “Vialidad” que tanto Otero como Montes infringieron “la normativa penal no sólo en lo que respecta al cumplimiento regular de los deberes a cargo de las autoridades”, sino porque “faltando a la obligación a su cargo dejan de promover la represión del delito” sospechado y “puede entenderse que intentan formular un aporte concreto para que los acusados”.
Los fundamentos del escrito recuerda también que las pericias arrojaron que “hubo sobreprecios en las cinco obras que fueron peritadas”, y que “la UIF se alejó de todas las constancias del caso, que incluso fueron minuciosamente detalladas en su requerimiento de elevación a Juicio y probadas en el debate”.
“Sus actos de direccionamiento no sólo de obras públicas sino del dinero para solventarlas, eran resorte exclusivo de las autoridades nacionales y resultaron corroborados en las audiencias del juicio. Sin embargo, la UIF hizo caso omiso de ello”, agregaron.
“La Unidad de Información Financiera siempre consideró que las causas conocidas popularmente como ‘Vialidad- Ruta del Dinero K-Hotesur/Los Sauces’ fueron parte de una maniobra integral, porque se trataba de distintas etapas en el proceso de lavado de activos, llevados a cabo por una asociación ilícita”, subraya el texto al que tuvo acceso Infobae, que apunta que la cúpula de UIF desplegó un “sinnúmero de maniobras” para arribar al desenlace de la absolución, entre ellas, “desplazar a los abogados a cargo de la querella”.
La acusación de Juntos por el Cambio se desprende de la audiencia de juicio ocurrida el pasado 11 de julio de 2022, en la que la UIF pidió la absolución de la vicepresidenta, de Báez, de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; de José López, ex secretario de Obras Públicas; de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; de Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; y de Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad.
Esa resolución surge del hecho de que la UIF entendió que “no existe la posibilidad de sobreprecios”, por lo que “sería irresponsable avanzar en una acusación”, aseguró el abogado de la UIF, Leandro Ventura. “Corresponde la absolución de los acusados respecto del delito de fraude”, agregó. Y luego señaló que si no hubo fraude en la obra pública que recibió Báez, tampoco existió el delito de asociación ilícita.
“Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, agregó el abogado, que aclaró en su alegato que la postura de la UIF fue “por instrucción de su presidente”, Juan Carlos Otero, nombrado en diciembre del año pasado por Alberto Fernández.
En tanto, la UIF si acreditó que hubo irregularidades y la comisión de delito de incumplimiento de los deberes de funcionario pública Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
Para Juntos por el Cambio, estos funcionarios acusados solo podrían haber actuado en nombre de los funcionarios políticos, como Cristina Kirchner, Julio de Vido y José López, entre otros. “Resulta evidente que no tenían autonomía funcional y que los mismos actuaron bajo las órdenes de superiores jerárquicos que no eran otros que aquellos que componían una asociación ilícita creada para defraudar patrimonialmente al Estado nacional”, señalaron en su presentación penal.
Fuente: Infobae
