En diciembre del año pasado el río Salado nos mostraba una postal extraña, cientos de peces muertos habían aparecido sobre el curso de agua. Diferentes hipótesis se barajaban en ese momento, motivo por el cual profesionales de distintas instituciones llevaron a cabo análisis para poder determinar los motivos concretos.
Días más tarde, se conoció que el fenómeno se trató de un proceso natural, como consecuencia de la poca oxigenación del agua causada por la histórica bajante del río.
Sin embargo, no todo quedó allí, ya que se llevaron a cabo más consultas, una al Instituto Nacional de Limnología (INALI) y otra a la cátedra de Ecotoxicología de la Universidad Nacional del Litoral. Dichas consultas fueron solicitadas por el Ministerio Público encabezado por el procurador General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre.
A fines de diciembre se conoció el informe del INALI y hoy se dio a conocer el trabajo de la cátedra a cargo del doctor Rafael Lajmanovich.
En diálogo con VEO Noticias, Barraguirre se refirió a este tema y explicó que “lo que se hizo con la Fiscalía Extrapenal de Esperanza es una doble toma de muestra. Se tomó una muestra, siempre sobre el río Salado, a la altura del barrio Los Molinos en Santa Fe y otra a la altura del puente de la ruta 70. Y se hizo sobre sedimentos y tejidos de peces moribundos”.
Cabe destacar que los estudios comprendieron cuatro niveles: análisis bacteriológicos, fisicoquímicos, de metales y de plaguicidas.
Respecto a los resultados arrojados, Barraguirre indicó que “lo que llamó la atención es la presencia de dos plaguicidas y herbicidas como el glifosato, plaguicidas como el 2,4D, que es uno de los más nocivos para los organismos acuáticos, y también la presencia de un insecticida organofosforado que se conoce como clorpirifos”. Este último fue recientemente prohibido por la Unión Europea.
Una vez conocidos estos estudios, los expertos que llevaron a cabo los análisis brindaron ciertas recomendaciones al Ministerio Público. En este sentido, se sugirió un monitoreo continuo a fin de poder tener todos los elementos necesarios. “En función de ello, obviamente, cuando tengamos la película completa, veremos cómo nos desenvolvemos y qué tipo de acciones nosotros podemos tomar”, explicó Barraguirre.
Mortandad de peces
Por su parte, ante la revelación de esta información, se consultó si esto modifica los datos conocidos en primera instancia sobre los motivos por los cuales se produjo la mortandad de peces. En este sentido, el funcionario indicó que “no cambia en absoluto, al contrario lo ratifica. Lo que hace en alguna medida es complementarlo. Las cuestiones medioambientales en general responden a factores multicausales, el informe sigue manifestando, sigue ratificando la extrema baja oxigenación del río Salado por los factores que nosotros ya conocemos que son de orden climático”.
Agregó que “un complemento que es la presencia de determinados plaguicidas e insecticidas que merecen llamar la atención. No es que la mortandad de peces obedece a la presencia de estos plaguicidas o insecticidas sino que lo que incorpora es un elemento de análisis y, sobre todo, considera precautoriamente la posibilidad de contar con mayores niveles de estudios para ver si efectivamente esto es una cuestión muy puntual o si en realidad depende ya de algún tipo de factor climático independientemente”.
Medidas a tomar
Por otro lado, el procurador fue consultado acerca sobre si existe o no posibilidad de conocer de donde provienen dichas sustancias y dijo que “hay mecanismos y metodología científicos como para poder determinar donde se producen las más altas concentraciones y, a partir de allí, ir perfilando la presencia de estos elementos”.
Es por este motivo que se continuarán llevando a cabo análisis y estudios para poder obtener mayor cantidad de elementos a tener en cuenta.
Este estudio puede llevar meses pero, una vez finalizados, permitirá que se tomen medidas.
En este sentido se debe tener en cuenta que, si bien el Ministerio no va detrás una responsabilidad penal, sí existen mecanismos en el Código Civil que permiten realizar demandas a responsables anónimos.
