La Fiscalía General de Brasil tendrá un plazo de 90 días para investigar las posibles irregularidades en que puede haber incurrido el presidente, Jair Bolsonaro, en negociaciones de vacunas contra el COVID-19, informó este sábado la Corte Suprema.
Ese plazo fue establecido por la magistrada Rosa Weber, miembro de la Corte Suprema que autorizó la investigación, la cual deberá establecer si el mandatario cometió prevaricación y otros delitos en las negociaciones para la compra de la vacuna Covaxin, elaborada por la farmacéutica india Bharat Biotech.
Las sospechas fueron alentadas por una comisión del Senado que intenta determinar si el Gobierno es responsable del agravamiento de una pandemia que ya mató a más de 520.000 brasileños.
En el caso de la vacuna india, el grupo parlamentario dice tener pruebas de que Bolsonaro ignoró informaciones que le fueron dadas personalmente por un diputado oficialista sobre irregularidades en el contrato de intención de compra, que fue suspendido sólo cuando las sospechas fueron reveladas por la comisión y la prensa local.
Ese documento, que contemplaba 20 millones de dosis de Covaxin, tenía un valor de 420 millones de dólares y, entre otros puntos sospechosos, había un acuerdo paralelo según el cual parte del pago debía ser recibido por una firma basada en Singapur que no figuraba en el contrato.
Además, actuaba como “intermediario” un empresario brasileño que ya está investigado por corrupción y que, en 2016, le “vendió” al Ministerio de Salud un lote de medicamentos que jamás entregó.
Si la Fiscalía halla indicios sólidos contra Bolsonaro, deberá presentar una denuncia a la Corte Suprema que, en caso de acogerla, sólo podrá iniciar un juicio con el aval de una mayoría de dos tercios del pleno de los 513 diputados.
En ese supuesto, el presidente sería suspendido de sus funciones durante los 180 días que el Supremo tendría de plazo para concluir el juicio y destituido si fuera declarado culpable.
No obstante, si la Cámara de Diputados no autorizara el proceso, el caso quedaría en nada y Bolsonaro continuaría en el poder.
La sospecha sobre la responsabilidad del Gobierno en el avance de una pandemia cuya gravedad Bolsonaro aún niega ha envalentonado a la oposición brasileña, que esta semana volvió a pedir que el Congreso inicie un juicio con miras a la destitución del mandatario y este sábado ha convocado a protestas en todo el país en apoyo a esa demanda.
La Fiscalía de Brasil denunció al ex ministro de Salud Eduardo Pazuello por omisión en la pandemia
La Fiscalía de Brasil presentó este viernes a la Justicia una denuncia contra el ex ministro de Salud del país Eduardo Pazuello por supuestas omisiones en la gestión de la pandemia y en la compra de vacunas contra el coronavirus.
En la denuncia, firmada por ocho fiscales, el Ministerio Público Federal (MPF) apuntó seis “actitudes” del ex ministro, entre ellas “omisión” y “negligencia” en las tratativas para la adquisición de vacunas, que configurarían el delito de improbidad administrativa.
Por ello, pide que Pazuello responda ante la Justicia por la “violación a los principios de la Administración” y los daños causados al patrimonio público, que suman casi 122 millones de reales (unos 24,2 millones de dólares).
“La omisión y la negligencia del ex ministro en las tratativas de las negociaciones de las vacunas salió caro a la sociedad”, destacaron los fiscales en una nota difundida a la prensa.
Agregaron que “la resistencia del ex ministro de Salud en negociar la contratación y adquisición de vacunas, con la antelación o planificación necesarias, es injustificable e irrazonable”.
Pazuello, un general del Ejército sin formación médica, estaba al frente de la cartera desde mayo de 2020, tras la caída de sus dos antecesores por divergencias con Bolsonaro sobre las estrategias de combate a la pandemia.
