El pronóstico más difundido en el Congreso dice que la discusión del Presupuesto en el Senado no debería provocar sobresaltos y menos aún problemas insalvables, después de las intensas negociaciones que abrieron la puerta a la aprobación del proyecto en Diputados. Sin embargo, algunos gobernadores del PJ dieron señales de jugar al límite, con reclamos que dividen aguas internas. Algo de eso vivió Miguel Angel Pichetto en una cita armada para tratar un único tema: morigerar el impacto social del modificado impuesto a los Bienes Personales.
Por lo menos, según dejaban trascender cerca del jefe del bloque del PJ, llamó la atención el contexto en que tres gobernadores volvieron ayer a la carga con su reclamo por la suspensión de los aportes del llamado Fondo Sojero. Pichetto estuvo reunido con representantes de siete distritos, entre jefes provinciales y vices. El punto agendado era el costo que podría representar para cada distrito el cambio que impulsa el senador para acotar el aumento del impuesto referido.
Las cifras en discusión no parecen sustanciales, sobre todo frente al volumen de los números que se fueron ajustando en Diputados para amortiguar el impacto de la poda del déficit. En el caso de la reconsideración de Bienes Personales, el ministerio de Hacienda habla de una pérdida por recaudación de 3.000 millones de pesos, coparticipables. Poco, al punto que habría un guiño nacional si los gobernadores aceptan.
El planteo sobre el Fondo Sojero no fue absolutamente inesperado, aunque llamó la atención el contexto. Los números en juego no podían siquiera sugerir un intercambio de favores: aquel fondo, eliminado por un Decreto de Necesidad y Urgencia, rozaba los 50.000 millones de pesos. El planteo sonó extemporáneo, además de disociado del tema convocante en oficinas del Senado.
