Los cinco sindicalistas detenidos ayer, acusados de causar los disturbios en la Legislatura el 12 de septiembre en el marco de la sanción de la Reforma Previsional, fueron imputados esta mañana en Tribunales y recuperaron la libertad. La fiscal a cargo del caso les atribuyó formalmente los delitos de perturbación de la sesión legislativa y daño agravado en concurso real. Al tratarse de un delito de pena excarcelable, las partes acordaron medidas alternativas que los imputados deberán cumplir para mantenerse en libertad: fijar domicilio, comparecer cada treinta días ante el MPA de la ciudad de Rosario, prohibición de acercamiento a la Legislatura de Santa Fe por un radio de 300 metros, prohibición de tener y/o portar armas de fuego y de cometer nuevos delitos.
Román González, Franco Casassola, Diego del Castillo Curbelo, integrantes de Amsafé Rosario; Maximiliano Molina (ATE Rosario) y Mauro Corna (Sindicato de Municipales de Venado Tuerto) comparecieron ante la jueza Susana Luna y fueron notificados de la acusación correspondientes. Todos fueron detenidos ayer en el marco de los siete allanamientos (seis en Rosario y uno en Venado Tuerto) ordenados por la fiscal María Laura Urquiza.
Gabriela Durruti, abogada defensora de los detenidos, expresó luego de la audiencia: "afortunadamente recuperaron la libertad de nuestros asistidos. Entendemos que nunca debió llevarse adelante el procedimiento de la forma en que se hizo. Hace muchos años y costó mucho recuperar la democracia en nuestro país para que dirigentes o militantes sindicales que están comprometidos con una vida mejor para toda la sociedad se vean allanados, sus domicilios destrozados y en estas condiciones, sin aviso previo, sin haber sido citados. Más allá de eso, solamente se nos hizo saber los hechos imputados, aún no hemos podido tomar contacto con la causa, pero sí ya manifestamos algunos cuestionamientos. Queremos dejar en claro que estamos ante un conflicto que nunca debió pasar por estos estrados. La criminalización de la protesta social es de larga data en Argentina y ya sabemos cuáles son las consecuencias sociales y políticas de llevar adelante esta situación".
Por su parte, la fiscal Laura Urquiza explicó: "se les imputó el delito de haber perturbado las sesiones de la Legislatura y, además, haber cometido el delito de daño. Además, a otra persona se le atribuyó en forma particular haber tenido su poder un arma de fuego. La fiscalía evaluó a través de las distintas evidencias que se conectaron desde el inicio de esta investigación y, por sobre todo, también con la evidencia obtenida luego de la realización de los allanamientos. Hemos decidido acordar con la defensa la concesión de medidas alternativas a la prisión preventiva que implican que las personas continúan el proceso en libertad.
Con respecto a los allanamientos, que fueron cuestionados por la defensa, la fiscal consideró: "por supuesto que defendemos de la legalidad de las actuaciones. Además no tenemos conocimiento alguno de algún exceso de violencia en los procedimientos. La causa continúa, los manifestantes eran muchos, los detenidos son pocos porque son los que la fiscalía entiende que pasaron ese límite de poder manifestarse de una manera más o menos ferviente y cometieron conductas que también están tipificadas en el código penal".
