El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, informó que convocó a sesiones extraordinarias en su jurisdicción con el propósito de abordar un proyecto que presentó. Este proyecto busca establecer una moneda propia para la provincia, en respuesta a las tensiones con la policía local debido a las demandas de ajuste salarial.
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En caso de recibir aprobación, La Rioja se convertiría en la primera provincia en implementar un mecanismo local para hacer frente a la escasez de recursos, originada por la reducción al mínimo de las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias y la disminución en la recaudación debido a la reforma del Impuesto a las Ganancias.
Quintela detalló que la nueva moneda operará con una porción en efectivo y otra en bonos. "Esos bonos los recibe la provincia para el pago de los servicios, los impuestos y las casas. También los intendentes. Y el banco los cambia a las 48 horas". Asimismo, anticipó que solicitará a la Cámara del Comercio de La Rioja la autorización para que la moneda local sea aceptada en los establecimientos comerciales.
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Contexto del conflicto
El jueves, agentes en servicio y retirados de la Policía de La Rioja organizaron una huelga en la provincia y se congregaron en la Plaza 25 de Mayo de la capital para exigir una mejora salarial. El líder del gobierno afirmó hoy que se alcanzó un acuerdo con los miembros de las fuerzas de seguridad la noche anterior.
"Convoco a sesiones extraordinarias y envío un proyecto de ley para que me den un instrumento financiero virtual o físico, autorización de la Cámara, para poder echar mano de ser necesario a ese instrumento ante el abandono de la Nación para La Rioja. Hoy nos deben $9.300 millones del mes pasado", informó Quintela en Radio 10.
La provincia de La Rioja ha recurrido previamente al uso de cuasimonedas en situaciones de crisis. La última instancia fue con la emisión de bonos denominados "Evita" en mayo de 2001, los cuales dejaron de circular en 2004. Anteriormente, otro instrumento similar fue empleado entre 1985 y 1991 por el entonces gobernador Carlos Menem para el pago de salarios.
