La Federación de Inquilinos criticó con preocupación la decisión de finalizar el congelamiento de alquileres y la prohibición de desalojos establecida por decreto desde el 31 de marzo. Desde la organización sostienen que la emergencia sanitaria y económica todavía no ha terminado, y todavía muchos inquilinos no pueden afrontar los gatos de los aumentos que no se dieron en pandemia.
"Realmente estamos muy preocupados porque es un futuro incierto el que se viene. Hay inquilinos que están adeudando bastantes meses de alquiler, que no pueden soportar ni pagar mensualmente el alquiler. Eso sumado a que los alquileres se dispararon nuevamente. Los contratos ya vencieron y para una renovación va a ser casi el doble de lo que habían alquilado originalmente hace dos años, con una ley que extiende un contrato de alquiler a tres años", explicó Pedro Peralta, integrante de la Federación de Inquilinos, a Veo Noticias.
La Federación sostiene que un problema principal está relacionado con el desendeudamiento de los inquilinos por estos meses de pandemia, y remarcan que "todavía se sigue en medio de una emergencia sanitaria".
"Nos parece tremendo que no se tome en cuenta la emergencia habitacional que sigue todavía", añadió.
En cuanto a la prohibición de los desalojos, Peralta manifestó que "se respetó, pero a medias". "Las inmobiliarias que están dentro de la Cámara de Inmobiliarias de Santa Fe respetaron, pero obviamente hay un sector muy grande de inmobiliarias que están por fuera y hay alquileres particulares que están administrados por propietarios a través de un escribano, abogado o contador, esos no han respetado tanto. Han intimado a los inquilinos para cobrarles con aumento", indicó.
"Nosotros insistimos, la emergencia sanitaria y económica aún continúa, está lejos de terminar. No entendemos por qué el Gobierno toma estas medidas de no extender algo tan vital como es garantizar el acceso a la vivienda, tener un techo donde poder pasar la pandemia", apuntó el integrante de la Federación de Inquilinos.
Finalmente, expresó que continuarán insistiendo en la prorrogación del decreto y exigirán "una solución de fondo". "El Estado debe intervenir en los precios del mercado inmobiliario", concluyó.
