Este martes tuvieron lugar las imputaciones en el marco de la causa por espionaje ilegal presuntamente perpetrado por funcionarios del Ministerio de Seguridad y que es investigado por la Unidad Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación.
La Fiscalía de Santa Fe avanzó en una investigación a partir de carpetas y distinto tipo de archivos con información recopilada de manera indebida en el ámbito del Ministerio, sobre dirigentes políticos, gremiales, empresarios y periodistas. Esta información fue obtenida como consecuencia de distintos allanamiento que realizaron los investigadores en las oficinas del Ministerio de Seguridad de Rosario y de Santa Fe.
Los fiscales imputaron al ministro Marcelo Saín, al exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; al ex director de Análisis Criminal, Sebastián Sánchez; al ex subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; a la jefa de Inteligencia zona sur del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA, Débora Cotichini; al ex secretario de Finanzas del Ministerio, Maximiliano Novas; y la exdirectora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman.
Schujman recibió el apoyo de distintos organismos de Derechos Humanos; desde el Foro Contra la Impunidad se manifestaron frente a la Fiscalía. La ex directora de la ACP aseguró a Veo Noticias: "mientras dure la campaña electoral van a seguir utilizando esta causa. Yo tengo toda la fuerza para dar pelea. Atrás de todo esto hay muchos intereses. Hay negocios que no quieren ser descubiertos. Fíjense la cantidad de barrios privados, fiscales, legisladores que se investigaron. Y resulta que ahora la gran promoción de las investigaciones del Ministerio de Seguridad es contra los 'trapitos'. Quieren transformar las investigaciones en la provincia. Entonces acá hay un montón de intereses individuales, electorales, de un sector del poder judicial que usa esto para quedarse con el MPA, de medios de comunicación que no quieren seguir siendo investigados. Y parece que el mensaje es ese: los negocios no se tocan, las alianzas mafiosas no se tocan".
Por su parte, la diputada Cattalini consideró que: "las imputaciones de hoy dan cuenta de que los funcionarios que tenían que dedicarse a cuidarnos, mientras no hacían eso estaban cometiendo delitos. La verdad que además queremos saber cuál era el rol del gobernador. Quién era el jefe de la banda, quien era el jefe de la asociación ilícita. Qué sabía y qué no sabía el gobernador. Nadie cree que se haya cometido delitos de tal magnitud sin que el gobernador sepa".
