El juez Eduardo Farah, integrante de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, se excusó de intervenir en la causa en la que se investiga el accionar de la denominada “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri porque se trata de un expediente en el que el magistrado declaró en calidad de testigo.
“El dato objetivo y concreto que señalé en el párrafo anterior (haber conocido parte de los hechos como testigo) me coloca en la situación del art. 55 inc. 1° del CPPN, constituyendo un motivo que, por imperativo legal, me conduce inexorablemente a excusarme”, sostuvo el magistrado en la resolución a la que accedió Télam.
El artículo del Código Procesal Penal de la Nación (PCCN) invocado por Farah establece que “el juez deberá inhibirse de conocer en la causa si hubiera intervenido en el mismo proceso como funcionario del Ministerio Público, defensor, denunciante, querellante o actor civil, o hubiera actuado como perito o conocido el hecho como testigo”, entre otras causales.
La causa está radicada en el juzgado federal 5, a cargo de la magistrada María Eugenia Capuchetti, y llegó a la Cámara Federal luego de que uno de los imputados apelara una medida de prueba requerida por el fiscal federal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación.
El exsecretario de Legal y Técnica de la presidencia durante el gobierno de Cambiemos, Pablo Clusellas, apeló la medida tendiente a conocer los registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada a la que tachó como una “excursión de pesca”.
Después de impugnar la medida, el exfuncionario del gobierno de Macri buscó recusar a Farah por temor manifiesto de parcialidad –dado que es uno de los testigos del expediente- pero el propio juez se excusó de intervenir.
A pesar de excusarse, el magistrado refirió que en las respuestas que brindó en calidad de testigo no hizo “ninguna referencia o indicación sobre alguna de las personas señaladas en las denuncias que dieron origen y ampliación al caso”.
La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigue el papel que jugó la llamada "mesa judicial" durante el anterior Gobierno nacional e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo del expresidente Macri.
En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien dijo en un programa radial que en 2015 recibió la visita de un funcionario del Ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración testimonial).
Según dijo, le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego ratificado por el Congreso nacional.
Los denunciantes señalaron como "responsables de los hechos" a los funcionarios "de altísimo nivel en el Gobierno del presidente Macri", que integraron lo que públicamente se conoció como "la mesa judicial" de aquella administración.
En ese sentido, apuntaron al expresidente, a su exjefe de asesores José Torello, al exministro de Justicia Germán Garavano, al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, al abogado Fabián Rodríguez Simón, a Maiques, exconsejero de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo, y al último Procurador del Tesoro del anterior Gobierno, Bernardo Saravia Frías.
Entre los imputados también figuran el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, el expresidente del Boca Juniors Daniel Angelici y el exjefe de Gabinete Marcos Peña, señalado como quien convocaba a las reuniones de la "mesa judicial".
Fuente: Télam
