Este domingo, después de las 21, varios vecinos que viven en inmediaciones de la esquina que forman las calles J. M. Zuviría y Zavalla denunciaron que escucharon disparos de arma de fuego de manera constante durante la tarde en el interior de un obrador. Dos policías del Comando Radioeléctrico capitalino, fueron al lugar y cuando llegaron un vecino les apuntó el obrador del que provenían los disparos. Los policías golpearon y fueron atendidos por un hombre que se identificó como A. A. B. de 52 años, señalando que es un empresario de la construcción, y admitió que fue el autor de los disparos de arma de fuego denunciados en razón de que un grupo de delincuentes estarían arrojando pedradas contra varios vehículos de su propiedad y que el objeto de los disparos que realizó fueron disuasivos ya que los hizo al aire y contra un montículo de arena. Luego, señaló a los policías las armas que poseía y que estaban en una camioneta VW modelo Amarok con patente AB 572 BE, y desde el interior del vehículo, los oficiales secuestraron una escopeta calibre 12/70 con una caja con cuatro cartuchos intactos y carné, y un carné del Registro Nacional de Armas RENAR -vencido con fecha 2012- y una pistola calibre 9 milímetros con carné de la ANMAT de uso civil condicional de fecha 1° de septiembre 2023. A. A. B. de 52 años quedó detenido por orden del fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, como presunto autor de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil. Una causa de 2009, liga al empresario aprehendido con la privación ilegítima de la libertad de su hermano a manos de una banda criminal liderada por Mario Daniel Bardina, condenados los cuatro en 2018.
El caso Boscarino
El 4 de noviembre de 2009, el empresario de la construcción santafesino, Marcelo Salvador Boscarino, se presentó antes el entonces juez de instrucción de la 5° nominación en turno Darío Sánchez, y denunció que un grupo de delincuentes mediante un engaño por la venta de materiales de la construcción lo convocaron a una reunión dentro de un departamento ubicado sobre calle Balcarce al 1500 casi calle Alberdi y a metros de la Pueyrredón, y cuando entró a la vivienda fue neutralizado por un grupo de delincuentes, que luego lo maniataron, lo amenazaron y lo obligaron a firmar una serie de documentos. El magistrado convocó a los oficiales de la Brigada Antisecuestro de las Tropas de Operaciones Especiales TOE, y les ordenó la investigación y esclarecimiento del suceso. El 4 de noviembre, los policías de las TOE llegaron hasta la vivienda señalada por la víctima y aprehendieron a dos de los integrantes de la banda señalada: Mario Daniel Bardina y a Esteban Lorinz Moreira; y luego, en la tarde del 5 de noviembre, en una vivienda del barrio Chalet, aprehendieron a los dos restantes Carlos Gabriel Bulay y Gabriel Santángelo. En 2018, Bardina y Bulay fueron condenados a 11 años de prisión y Lorinz Moreira y Santángelo a 10.
Autores intelectuales
En 2021, el fiscal Roberto Apullán presentó una acusación contra los autores intelectuales de la privación ilegítima de la libertad de Marcelo Salvador Boscarino, que recayó contra el empresario de la construcción A. A. B. de 52 años y aprehendido el último domingo, y contra su abogado personal, como autores intelectuales y pidió la pena de 15 años de prisión para ambos y la apertura a juicio oral.
Peritajes criminalísticos
Informaron la novedad sobre el procedimiento de aprehensión del empresario de la construcción santafesino, el secuestro de la escopeta calibre 12,70 y los cuatro cartuchos con detalles del suceso a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que el hombre aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito tenencia indebida de arma de fuego de uso civil, además de quedar secuestrada la escopeta calibre 12,70 marca IGA GAUCHA de fabricación brasilera con culata y chimaza de madera y un caño de 70 centímetros de largo, y que sea sometida a los peritajes criminalísticos de rigor, para comprobar el estado del mecanismo de disparo.
