Personal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia derrumbó en la mañana de este lunes por orden judicial, un búnker de drogas ubicado en Cochabamba 4183, en el barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe, convirtiéndose en la primera acción de este tipo en este sector de la capital provincial.
En el lugar estuvo presente el titular de esa cartera, el Dr. Pablo Cococcioni, quien indicó que "dando cumplimiento a las primeras tres órdenes judiciales de inactivación coercitiva de puestos de droga en Santa Fe. Estos son tres lugares enclavados en un pasillo, los narcos habían bloqueado con portones entrada y salida" ante lo cual
"La fiscalía consiguió el derrumbe de los tres y la liberación del espacio y el retiro de los portones. Es el primer paso del cumplimiento de la ley de microtráfico en Santa Fe. Estamos satisfechos con lo hecho hasta ahora, fue posible por análisis criminal de la Unidad de Fiscalía y las áreas de análisis del Ministerio y de la PDI", declaró el ministro de Seguridad.
Luego afirmó que en la ciudad de Santa Fe, comenzó puntualmente una parte de la política de microtráfico impulsada por la provincia gracias a la Ley de Federalización, la cual "consiste en atacar fuertemente la venta minorista, la venta en barrios y poder así devolver un poco de tranquilidad a los vecinos que muchas veces no podían salir de sus casas porque alrededor de un punto de venta de droga en un barrio hay disparos de armas de fuego, hay gente, hay desorden urbano, hay desorden social".
Primera vez que se derrumba un búnker de drogas en la ciudad de Santa Fe
Más adelante, el funcionario relató lo que se desactivó, señalando que “básicamente para entrar o salir del pasillo y sus viviendas, tenías que pedirle permiso a los que gestionaban estas aberturas irregulares, hay personas detenidas que eventualmente serán imputadas en sede judicial”.
Además, agregó que “los que venían aquí eran habitantes golondrinas que gestionaban la venta de drogas, robos, amenazas en el barrio, algunos pernoctaban pero no eran viviendas, sino instalaciones al solo efecto de la actividad ilícita. Si hubiera sido posible devolvérselo a alguien que se lo hubieran usurpado, era otra cosa, no se derrumbaba”, explicó Cococcioni.
Finalmente, el ministro explicó que “estos funcionaban como aguantaderos, lo denunciaron muchas veces los vecinos del barrio, se hacía acopio de elementos robados, 11 veces uno de ellos fue allanado por la justicia provincial y federal, hay que desactivar los lugares porque detenemos a uno, y aparecen dos delincuentes”.
Una medida que se extenderá en toda la provincia
El ministro contó a la prensa que “esto es muy frecuente en distintos puntos, a lo largo y ancho de toda provincia, y le diría que ha ocurrido también la misma problemática en otras provincias; también hay intervenciones judiciales que por ahí resultan en detenciones o en imputaciones a las personas, pero muchas veces el que atiende un kiosco de drogas o es una persona fungible dentro de una organización que los maneja, con lo cual si uno de alguna manera desactiva el kiosco, uno detiene dos o tres personas y mañana hay cinco más ocupando ese lugar”, señaló.
“Se trata de bloquear de cualquier manera la posibilidad que, en el medio de un barrio y el medio de un vecindario, se instale esta lógica mafiosa que no deja a la gente vivir en paz”, aseveró.
Protección y seguridad para los denunciantes
Finalmente, Cococcioni informó a los vecinos que “ni siquiera hace falta formalizar la denuncia, con el mero anoticiamiento se toma con Fiscalía y las áreas de inteligencia; no vamos a exponer a los vecinos a declarar porque pensamos en preservar a quienes nos brindan información. Así que pueden comunicarse con la página web del Ministerio de la Acusación, ir a un Centro Territorial de Denuncias, a una comisaría o llamar al 911”, alentó.
El fiscal Diego Vigo, miembro del equipo de microtráfico del MPA, señaló que “la recuperación del espacio público tiene un efecto simbólico muy importante”.
Durante el operativo, fueron detenidos Claudio Mesa, Fabián Rivero y Juan Ramón Suárez, acusados de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización". Tras ser imputados, el juez penal Leandro Lazzarini ordenó su prisión preventiva. Simultáneamente, el fiscal del caso, Agustín Nigro, solicitó la demolición del búnker, la cual fue autorizada por la jueza Cecilia Labanca.
