El gobierno nacional anunció que, en su proceso de cierre de entes y empresas estatales, privatizará Corredores Viales, la sociedad anónima con más de 3.500 agentes y 30 millones de déficit operacional, cuya función, asignada en el gobierno anterior (a cargo de Alberto Fernández) fue la de mantener una decena de segmentos de rutas y autopistas nacionales en más de 6 mil kilómetros del país. La actual definición afectará a Circunvalación y las autopistas que conectan Rosario con Córdoba y Buenos Aires, entre otras. En este contexto, la provincia exigió la entrega a Santa Fe de las rutas nacionales 11, 33 y A012 (todas vinculadas a la operatoria portuaria) para luego implementar un sistema de concesionamiento en manos de privadas. Para ello, deberá pasar el tema por la Legislatura.
La Casa Rosada tiene en carpeta el cierre de la sociedad estatal Corredores Viales y también la Administración General de Puertos (AGP). El Ministerio de Economía de la Nación consideró que éstas y otras empresas en manos del Estado multiplican funciones y atribuciones de varias secretarías. Así lo confirmó este jueves en su conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni. "Las empresas que finalmente sean concesionarias van a cobrar la tarifa de adjudicación una vez que hayan puesto la totalidad de la ruta en condiciones. Se estima que el Estado tendrá un ahorro de 5.600 millones de dólares”, había proclamado Adorni.
"En este marco, el gobierno santafesino planteó a la Nación que pase a la órbita provincial el mantenimiento de las rutas para darles lugar a los privados a que intervengan en infraestructura vial. El camino es el correcto, porque el Estado no puede mantener los tramos que están muy deteriorados. En todos los países, los sistemas de comunicación en carreteras y rutas están concesionados. En Argentina se dejó de hacer hace tiempo y esta inacción hizo que todas las conexiones se vinieran abajo. Hay que aplicar un esquema de concesión", argumentó el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico.
Por carta
Hace más de un mes, el gobernador Maximiliano Pullaro le envió una carta al presidente Javier Milei en la que no solo dejó por escrito el pedido para que le entregue a Santa Fe el control de las rutas nacionales, sino que manifestó que quiere sostenerlas bajo el concesionamiento a privados. En particular, para que se adjudique por el sistema de concesión de obra pública la construcción, reparación, mantenimiento, conservación, administración y explotación de la rutas que integran la red de accesos viales a las terminales portuarias del Gran Rosario.
Por estos sectores confluyen caminos de jurisdicción provincial y nacional; "el Estado nacional asumió el compromiso de trasladar las trazas de rutas nacionales involucradas a la órbita de la provincia", dijo.
Sin embargo, luego de 10 meses de gestión y más de una decena de viajes del propio Enrico a Capital Federal para destrabar las gestiones, el traspaso sigue en punto muerto. Todo ello pese a que en el convenio marco de junio pasado, Nación se comprometió a realizar una serie de obras que nunca se materializaron.
Hace más de un mes, en dicha carta, el gobernador, como máximo responsable de la administración provincial y ante el incumplimiento por parte de Nación, le reiteró la disposición de la provincia a asumir la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales, solicitando su cesión para la posterior articulación de un sistema de concesión provincial.
Tres rutas estratégicas
Se refirió a la transferencia jurisdiccional de las rutas A012, 11 y 33 en toda su extensión en el territorio santafesino. Una vez logrado el objetivo que incluirá el traspaso definido en cantidad de años, se deberá ir a la Legislatura para permitir que la Casa Gris pueda concesionar en manos privada su mantenimiento.
En aquella nota, el gobernador le recordaba al presidente que la A012 es una arteria que actúa como distribuidor central del transporte de carga del circuito vial para acceso a terminales portuarias del Gran Rosario, por las que se exportan 80 millones de toneladas anuales de productos agroindustriales. "No va más esto de que cada municipio de la zona cobre 15 mil pesos por pasar a los puertos", remarcó una fuente consultada.
"Las rutas 11 y 33 revisten especial importancia para el traslado de la producción de la provincia, y las regiones de influencia, en el sentido norte-sur, confluyendo ambas en los puertos del Gran Rosario. Se destaca que el estado actual de las mismas es crítico y la necesidad de intervenirlas tras varios años de deterioro, imperiosa", se había advertido también.
A la par de estas gestiones, con la disolución de Corredores Viales se requerirán muchas obras particularmente en los tramos que atraviesan Santa Fe.
Fuente: La Capital
