Los integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunieron en Buenos Aires para analizar, entre otras cuestiones, la continuidad del funcionamiento de las casas de estudio en todo el país. El presidente Milei adelantó que vetará la ley de financiamiento educativo y esto fue confirmado ayer por el vocero Manuel Adorni, por lo que en un documento pronunciaron su rechazo.
"Con la convicción de que la educación es la respuesta a todos nuestros problemas y en un grito de auxilio para sostener la universidad que es orgullo de toda la Nación, pedimos:
- Al Sr. Presidente de la Nación, que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025. No hay en las universidades y en la ciencia un problema, allí descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos.
- A las y los legisladores nacionales, muchas y muchos graduados de la universidad pública y miembros de nuestras comunidades, que, de confirmarse el veto anunciado por el Gobierno nacional, sostengan en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario e introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de presupuesto 2025 para garantizar al sistema universitario y científico las condiciones mínimas e indispensables para su funcionamiento.
- A la sociedad argentina, que supo construir a lo largo de la historia un sistema universitario reconocido en el mundo por su excelencia, que acompañó con extraordinarias movilizaciones cada vez que la historia llamó a su puerta, nuestro sincero agradecimiento, y nuestra invitación a que lo hagamos de nuevo.
Los deseos, las aspiraciones y las luchas de generación tras generación consagradas en derechos, imponen una responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible. El compromiso de un país con su sueño de seguir siendo una nación".
Crisis en la educación universitaria
El Gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto 2023 para el ejercicio de su primer año de gestión y mantuvo la misma partida para el funcionamiento de las universidades nacionales y el Conicet, a pesar del 211,4% de inflación anual. Desde los primeros días de 2024, tanto los rectores como los directores de las sedes regionales del organismo de ciencia y tecnología, expresaron que ese monto alcanzaría para el primer cuatrimestre.
Ante la difícil situación que complicaba el normal cumplimiento de las tareas de las casas de altos estudios, junto a docentes y personal no docente que peleaba por aumentos salarial y exigía paritarias libres, en abril se realizaron multitudinarias movilizaciones en varias ciudades del país en defensa de la universidad pública.
A mediados de este mes, la Cámara de Diputados aprobó la ley de financiamiento universitario, una legislación que busca recomponer el presupuesto de las universidades nacionales.
La iniciativa presentada por el bloque de la Unión Cívica Radical planteó declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
También establece la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado. La ley fija que “hacia el futuro, el mismo mecanismo deberá aplicarse de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a las 60 casas de altos estudios de todo el país”.
Además, prevé la realización de auditorías sobre la ejecución de los fondos universitarios, las que estarán en manos de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Paro y marcha
El personal docente y no docente llevan adelante acciones para visibilizar la problemática que atraviesan las universidades. Esta semana realizan un paro de 48 horas este miércoles y jueves y está previsto una nueva convocatoria a una marcha masiva para el próximo 2 de octubre.
