El Gobierno nacional consideró "arbitraria" la resolución del juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, de reponer al directorio de Vicentin y reubicar al interventor designado por Ejecutivo en el cargo de veedor, y este lunes el Ministerio de Desarrollo Productivo hizo una presentación para que la causa pase a la Justicia federal, en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la cartera que conduce Matías Kulfas hicieron una presentación ante la jueza en lo Contencioso administrativo federal María Alejandra Biotti para que el planteo sobre la inconstitucionalidad o no del decreto presidencial sobre la intervención de Vicentin sea resuelto en la Justicia federal y no en la de Santa Fe, como hasta ahora.
Lorenzini se declaró incompetente para decidir sobre la inconstitucionalidad de la intervención de Vicentin, pero antes restituyó al directorio de la cerealera y desplazó al interventor designado por el Gobierno, Gabriel Delgado. Además se supo que el juez de Reconquista, en Santa Fe, trabajó durante muchos años en el Banco Nación, que es uno de los 2.600 acreedores de la cerealera.
"Si el magistrado del concurso se declaró incompetente para entender en la demanda de inconstitucionalidad va de suyo que también lo es para atender la petición cautelar. Asimismo, lo incoherente, contradictorio y arbitrario de su decisorio radica también en que, aun cuando se declaró incompetente para tratarla inconstitucionalidad el acto impugnado, lo cierto es que igualmente lo hizo al privar apresurada e infundadamente de efectos al DNU N° 522/20 -una norma, se reitera, de rango legal- sin dar lugar a la bilateralización y defensa del Estado Nacional", consta en la presentación del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Para el ministerio, el juez debe inhibirse de actuar porque "queda claro que le corresponde entender a la Justicia Federal, ya que ello procede en las causas en las que el Estado Nacional o una entidad nacional sean partes, como derivación de la forma federal adoptada por la Constitución Nacional", se puede leer en el escrito ante la justicia de la Capital Federal en referencia al hecho de que el Banco Nación se convirtió en querellante en la causa.
Según la presentación, el juez Lorenzini era incompetente para resolver sobre la intervención y no respetó la ley de medidas cautelares, dictando una sentencia "arbitraria".
"Lo que resulta aún más llamativo y que da mayor razón a la postura del Estado Nacional al efectuar este planteo de inhibitoria es el hecho de que el mismo juez concursal se declaró incompetente", sostienen los apoderados del miniserio.
Para el Gobierno, el juez Lorenzini "ha suspendido ilegítimamente los efectos del DNU, lo que evidencia una clara intromisión en las facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo Nacional y -en cuanto a su primigenio contralor- del Poder Legislativo Nacional, que es el órgano que por mandato constitucional debe expedirse acerca de la validez o invalidez del DNU".
La presentación insiste en que el Gobierno buscó con la intervención "asegurar la continuidad de las actividades de la empresa", y resaltó que "se encuentran en riesgo 2.195 puestos de trabajo de la industria aceitera, más cerca de 1.000 empleos de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola del grupo inversor, y 2.057 de la planta frigorífica".
Fuente: Minuto Uno
