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Reforma de jubilaciones de privilegio: Fernández bajó orden de aprobarla sin cambios

El proyecto, que el Poder Ejecutivo ya mandó al Congreso, comenzará a ser tratado este jueves en comisión de Diputados.

La reforma en el régimen de jubilaciones de privilegio de jueces y funcionarios judiciales tiene alborotado por completo a uno de los tres poderes que conforman la República Argentina.

El proyecto, que el Poder Ejecutivo ya mandó al Congreso, a través de la Cámara de Diputados, comenzará a ser tratado este jueves en comisión, y su tratamiento en el recinto de la Cámara baja está en veremos, pues la semana siguiente se complicará la presencia de los legisladores en la Ciudad de Buenos Aires, por la proximidad de los feriados de carnaval, y la escasez de pasajes por la afluencia turística.

En el Gobierno nacional saben que la cuestión se ha vuelto muy sensible y los diferentes estamentos del Poder Judicial han mandado ya sus señales al Poder Ejecutivo.

Pero el presidente Fernández bajó la orden de avanzar sin cambios en la reforma de las jubilaciones de privilegio y que se debata y exponga los privilegios de un Poder Judicial que no paga Ganancias, entre otros beneficios, lo que los muestra lejanos al concepto de “solidaridad” que el jefe de Estado postula, como en el caso de las jubilaciones normales o con el por ahora, pendiente, pacto económico y social.

Las miradas están puestas en tres representantes del presidente Alberto Fernández: la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Lidia Ibarra.

Entre ellos van los tanteos de cómo terminará la iniciativa final, más la palabra siempre presente de Eduardo “Wado” De Pedro, hoy ministro del Interior pero hombre siempre influyente en la Justicia desde la década kirchnerista, con paso por el Consejo de la Magistratura incluido.

Mientras la Cámara de Diputados se apresta al tratamiento en comisión del proyecto inicial del Ejecutivo, los mensajes van y vienen. Por eso, circula -tanto en oficialismo como en oposición-, una idea de que se otorgue un plazo dos meses a los jueces que se quieran jubilar con el actual sistema, y no quedar así a merced del método por venir que determina que los aportes adicionales pasarán del 11% al 18%, o sea, un 7% más. Y que ya no se jubilarán con el 82% móvil sino con el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, esto es, de los últimos diez años.

La posibilidad de dar ese plazo permitiría que algunos magistrados (disconformes con los cambios en su status) pidan la jubilación, lo que suena además como amenaza de un “vaciamiento” y poner en crisis a muchos juzgados. Pero en el Gobierno ya saben que otros, han tanteado la variable de retirarse con el actual régimen y luego, una vez jubilado, poder volver a ejercer el cargo de juez sin cobrar por ello, pero sí recibiendo su pensión con el 82% móvil.

Por ejemplo, los sueldos actuales (sobre los que cobrarían el 82%) varían: un juez de cámara cobra $339.000 en mano y un juez federal casi 600.000 de bruto.

Mientras empieza esta semana el tratamiento en Diputados, la Corte Suprema no se meterá en la discusión por ahora. El máximo tribunal se mantiene al margen por el momento, de un tema que, sin duda, terminará en sus manos tras el tratamiento en ambas cámaras del Congreso y las apelaciones que surgirán desde grupos como la Asociación de Magistrados o la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación, fuertes críticos de la reforma.

Un dato del actual proyecto: el cambio en las jubilaciones de privilegio no alcanzan a las categorías de Presidente y Vicepresidente de la Nación y de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

En diálogo con Veo Noticias el Dr Eduardo Coceres presidente del centro de jubilados de Santa Fe, indicó: “El proyecto sube la edad jubilatoria de manera escalonada a los 65 años, eleva los aportes y también modifica el cálculo del 82% móvil. Además, toma los diez últimos años de aportes como cualquier jubilación del régimen general”.

Respecto del fin que persigue explicó: “A lo que apunta es a reducir las inequidades existentes en el sistema previsional con un aumento del 7 por ciento en el aporte. Se pretende con ello lograr la convergencia entre el régimen especial y el régimen general, de forma paulatina y sin afectar derechos adquiridos”.

 

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