El Ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, presentó una denuncia penal para que se investigue el uso de casi un millón de pesos de gastos reservados del área de Asuntos Internos de la Policía provincial, para pagar a un abogado que defendió a cinco efectivos imputados por encubrimiento en la causa por la desaparición seguida de muerte de un joven en Rosario.
Además, la denuncia presentada hoy en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pide a la Comisión de Ética Pública Provincial que se expida sobre el caso, puesto que el abogado contratado por la Policía había sido asesor del Ministerio de Seguridad y estaría incurso en “incompatibilidades y conflicto de intereses”.
El texto de Saín recuerda también que mientras era asesor de la cartera de Seguridad, el abogado José Manuel Alcácer ejerció la defensa del médico oncólogo Gabriel Zilli, “que fuera detenido, imputado y procesado en el mes de octubre del año 2015 en una causa penal por” por narcotráfico “conocida popularmente como la causa ‘Narco arroz’”. Una auditoría solicitada por Saín al asumir la cartera de Seguridad detectó el supuesto uso de “gastos reservados” de Asuntos Internos de la Policía para pagar un abogado particular para cinco miembros de la fuerza involucrados en la causa por la desaparición seguida de muerte de Franco Casco, ocurrida en octubre de 2014.
La auditoría detectó que hubo un aumento de la partida “Gastos Reservados” a partir “del mes de octubre del año 2017 y hasta septiembre del año 2018” por 78 mil pesos mensuales.
El informe señala que “era destinada al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta Unidad Especial que se encontraba involucrado en el caso Casco (…) esto se dio a partir de una orden del Secretario de Control”. El entonces secretario de Control de las fuerzas de seguridad, David Reniero, es uno de los denunciados ante la Justicia para que se investigue el posible delito de peculado, el uso de recursos públicos para fines particulares.
El abogado Alcácer fue designado asesor de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad el 14 de julio de 2014 por decreto del entonces gobernador Antonio Bonfatti y cesó en sus funciones el 19 de octubre de 2015. Asumió la defensa de cinco policías de Asuntos Internos en septiembre de 2017, antes de que se cumplieran los dos años que establece la Ley de Ética Pública de Santa Fe, remarcó Saín.
Franco Casco, un joven de Florencio Varela que viajó a Rosario a visitar a familiares, desapareció a principios de octubre de 2014 y su cuerpo apareció flotando casi un mes después en el río Paraná. La autopsia determinó que fue arrojado muerto al agua y que falleció producto de golpes que sufrió en la comisaría 7ma de Rosario, donde estuvo detenido.
La policía registró su ingreso con otro nombre pero otros presos declararon su verdadera identidad y dieron cuenta de las torturas y golpes recibidos por Casco.
Policías de Asuntos Internos entrevistaron a los presos frente a los policías acusados y cinco de ellos fueron imputados por encubrimiento.
A fines del año pasado, la Justicia Federal elevó a juicio la causa por desaparición seguida de muerte de Casco, entre los que se encuentran dos miembros de Asuntos Internos defendidos por Alcácer. Los otros tres imputados originalmente, entre ellos el jefe de la dirección Aníbal Candia, fueron sobreseídos en la investigación y representados por el mismo abogado.
Según los registros públicos, la defensa particular de los policías se pagó con fondos reservados de Asuntos Internos, cuya misión es “realizar acciones de prevención contra la corrupción, contra la brutalidad y el acoso policial, contra apremios ilegales y contra la violación de derechos”, recuerda la denuncia del Ministerio de Seguridad.
Fuente: Télam
