El Tribunal integrado por los jueces Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zvala dictará hoy sentencia en el marco del juicio que busca establecer las responsabilidades penales por la explosión del edificio de calle Salta 2141, del 6 de agosto de 2013, que se cobró la vida de 22 personas y causó heridas a decenas de vecinos.
En el banquillo hay 11 imputados por el delito de estrago culposo, en este caso agravado por las muertes, acción por la cual la querella pidió cinco años de prisión efectiva, al tiempo que la Fiscalía solicitó lo mismo, pero para nueve de los acusados.
Es que el equipo de fiscales que comanda Graciela Argüelles pidió dejar fuera de la imputación al gasista José Luis Allala y al reclamista de Litoral Gas, Gerado Bolaño.
Bolaño acudió al edificio el 25 de julio de 2013, un día después de que la vecina del 9º F, Mariela Bozzo, llamó a Litoral Gas para denunciar que tenía problemas de presión del fluido en su departamento. No la encontró, pero detectó fugas en el gabinete del edificio y cortó el servicio.
Allala, en tanto, fue contratado por la administración para reparar esas fugas. Lo hizo el 26 de julio. Ese día era viernes y culminó su labor cerca de las 21.30. Llamó a Litoral Gas para que reconectaran el servicio y se retiró.
Si bien para la Fiscalía ambos actuaron "antirreglamentariamente" (Bolaño hizo constar en un formulario que cerró la válvula con cepo cuando no fue así, y no se entrevistó con la vecina que originó el reclamo, y Allala se retiró del edificio sin esperar la llegada de los operarios de Litoral Gas), igual consideró que "sus conductas negligentes no contribuyeron al estrago del 6 de agosto".
Para los defensores de los únicos querellantes por parte de las víctimas, la familia Gianángelo, todos formaron parte de una cadena de responsabilidades que terminaron confluyendo en la tragedia, por lo que siguieron adelante con la imputación de estos dos acusados.
En el resto, tanto Fiscalía como querella coinciden en el punto central del planteamiento: los imputados fueron eslabones de una cadena de responsabilidades y negligencias que culminaron con el estrago.
Así, en el banquillo también se encuentran los dos reclamistas de Litoral Gas que reconectaron el servicio el 26 de julio, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de mantenimiento de redes de la empresa, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica de la firma, Viviana Leegstra.
Además, están imputados tres integrantes de la administración del consorcio del edificio, Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli; y el gasista que manipuló el regulador el día de la tragedia, Carlos García, y su ayudante Pablo Miño.
Contrapunto
Desde las defensas, en tanto, la estrategia a lo largo de las 22 jornadas que tuvo el juicio oral y público consistió en remarcar que el gasista, Carlos García, actuó de modo "clandestino", ya que nunca presentó los formularios exigibles para cambiar un regulador, por lo que la empresa no se notificó de su trabajo.
Así, basándose en el resultado de pericias (objetadas en su momento por la defensa del gasista porque las mismas fueron realizadas por una empresa relacionada a la empresa Litoral Gas), destacó que la tragedia se produjo porque García desacopló el regulador sin cerrar la válvula de corte del servicio, lo que provocó la fuga masiva de gas y posterior explosión con consecuencias fatales.
Es más, remarcan que esa válvula debería haberla cerrado Litoral Gas si hubiese estado al tanto de que se iba a realizar el trabajo.
A los administradores del consorcio del edificio, la parte acusadora les endilga no haber velado por la seguridad de las instalaciones y haber contratado a García sin exigirle que cumpliera con todos los requisitos de Litoral Gas. Es que al no dar cuenta del trabajo a la empresa, se eludía el corte total del servicio de gas, lo que evitaba la revisión de todos los departamentos para poder reconectar el fluido. Un trámite que habría demandado estar varios días más sin gas, con las bajas temperaturas en pleno invierno.
Precisamente, ese mismo punto es el que le achacan a los inspectores que reconectaron el gas el 26 de julio: nunca revisaron los departamentos.
Ese punto no es menor, ya que los fiscales se encargaron de adviertir que si se hubiesen chequeado los departamentos, se hubiese detectado que el problema de presión de gas persistía.
Ese problema, que fue lo que llevó a la vecina del departamente 9º F a realizar el reclamo del 24 de julio, nunca fue subsanado, y para solucionarlo se intentó cambiar el regulador de la peor manera, con el trágico resultado del 6 de agosto.
A lo largo de las 22 audiencias, pasaron cerca de 100 testigos, entre los que se contaron peritos, agentes de policía, personal de bomberos, médicos forenses y también estuvieron habitantes del edificio.
La decisión final de los jueces se conocerá hoy, a las 14, y cerrará otro capítulo de la peor tragedia de la historia de Rosario.
