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ATE planteó una propuesta al Ejecutivo para la aplicación de la Ley Micaela

Es un programa para la formación de los equipos interdisciplinarios del gobierno provincial en talleres con perspectiva de género.

El Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado en Santa Fe, presentó al Gobierno provincial una propuesta de formación para la aplicación de la Ley Micaela. El programa sería llevado adelante por equipos interdisciplinarios de capacitadores, que formarán a través de talleres al personal de los distintos ministerios. Se denomina “Programa de Formación Mariela Noguera  – Cecilia Burgadt”, en memoria de las dos afiliadas víctimas de femicidios.

La propuesta fue acercada a los ministros de Desarrollo Social, Jorge Alvarez y al de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, con el objetivo de implementar la Ley provincial  Nº 13.891 recientemente promulgada, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes.

En diálogo con Veo Noticias, Elsa Splendiani, de ATE indicó: “En la comunicación presentada se solicita la realización de un convenio específico con el Consejo Directivo Provincial de ATE -ATE – Santa Fe como entidad formadora en los ámbitos del Poder Ejecutivo en el territorio provincial y se requiere además la implementación inmediata de las actividades con un cronograma en el que se incluya  a todos los ministerios y unidades de trabajo”.

La entrevistada fundamentó que “Santa Fe cuenta con más de 25 años de experiencia en formación laboral integral, participación y compromiso demostrado en sostener políticas  de ampliación de derechos y lucha contra la discriminación, exclusión, maltrato y violencia contra mujeres y colectivos vulnerables”.

“ATE aportará de esta manera  equipos de capacitadores para abordar la temática y desarrollarla en modalidades de talleres de tres encuentros por grupos de trabajo, con un enfoque integral basado en los derechos humanos y en la protección de situaciones de especial vulnerabilidad, a partir de su contextualización y análisis de acciones en el ámbito institucional”, finalizó Splendiani.

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